La justicia colombiana ha encendido una alerta en el sector de alimentos para mascotas. El Juzgado Tercero Municipal de Neiva admitió una acción de tutela interpuesta por el reconocido activista y animalista colombiano Deiby Martínez Cortés contra la empresa SOLLA S.A., por presunta negativa a responder un derecho de petición con información clave sobre la calidad y seguridad de sus productos para perros.
El juez Arnold David Castro Macías ordenó a SOLLA S.A. pronunciarse en un plazo de dos (2) días y rendir informe oficial sobre una serie de requerimientos fundamentales que, según el demandante, no fueron respondidos de forma clara ni técnica, y cuya omisión podría comprometer la salud de miles de animales en el país.
¿Qué está solicitando el demandante?
Deiby Martínez exige que SOLLA entregue información completa sobre:
• Protocolos de limpieza y control microbiológico en las plantas de producción
• Certificaciones de inocuidad y auditorías externas
• Sistema de trazabilidad por lote de producto
• Pruebas de balance nutricional y seguridad alimentaria
• Evidencia documental de vigilancia sanitaria
El activista advierte que la empresa ha invocado la figura de “secreto empresarial” para no responder, lo cual sería inconstitucional cuando hay interés público, salud animal y riesgo de afectación colectiva.
Una figura en ascenso en la defensa animal
Deiby Martínez Cortés se ha convertido en una de las voces más influyentes del movimiento animalista en Colombia y América Latina. Es fundador de la ONG Protección Canina Mundial, y ha ganado protagonismo por sus acciones legales, investigaciones independientes y victorias jurídicas en defensa de los derechos de los animales, especialmente de los perros callejeros y domesticados.
Su trabajo ya ha generado opinión pública, titulares nacionales y reconocimiento por parte de organizaciones defensoras del consumidor, el medio ambiente y la salud pública. La anterior tutela que interpuso contra la misma empresa tuvo un fallo favorable del Juzgado Séptimo Penal de Neiva, que ordenó responder en 48 horas, pero no fue acatada por SOLLA S.A., razón por la cual hoy también cursa un incidente de desacato.
“Esta tutela no es contra una empresa. Es a favor del país, de los animales y del derecho que tenemos todos los colombianos a preguntar y a recibir respuestas reales sobre lo que consumen nuestros perros”, declaró Martínez Cortés.
Escándalo en puerta y presión social creciente
Con esta nueva admisión judicial, crece la presión sobre SOLLA S.A. y se abre la posibilidad de un escándalo nacional por presunto ocultamiento de información en productos de consumo masivo animal. El juez deberá decidir si se vulneró el derecho fundamental de petición y si existe una afectación al interés público que justifique nuevas órdenes judiciales o sanciones.
La decisión final del juzgado se espera antes del 19 de mayo de 2025, y podría convertirse en un precedente judicial para toda la industria de alimentos para mascotas en Colombia.
“Estamos escribiendo historia jurídica por los que no tienen voz: los perritos. Y esta causa ya está despertando conciencia en Colombia y en el mundo”, concluyó el activista.
